Mr. Impuesto al Tabaco

El Ministerio de Sanidad planea ampliar la Ley Antitabaco, que entró en vigor en enero de 2006, para prohibir fumar en TODOS los lugares públicos. Además se intentará ampliar las áreas libres de humo.
La Ley en cuestión consiguió que al año siguiente a su aplicación más de un millón de personas dejaran de fumar pero todavía existen muchas brechas en su aplicación.
Las razones para ampliar los términos son que el fumar constituye un problema de salud pública que sobrecarga los servicios sanitarios al acudir los consumidores de tabaco con más frecuencia y al consumir más fármacos. Esto provoca un aumento en el gasto sanitario y el farmacéutico.
Sin embargo, otra opinión afirma que el tabaco tiene la función “social” de disminuir el número de personas de edad avanzada en estado de dependencia que la economía debe mantener. Esto aparece en un documento de las relaciones públicas de una industria británica. El propio autor citaba: "Con un aumento general de la esperanza de vida, necesitamos algo para que la gente muera. En sustitución de los efectos de la guerra, la pobreza y el hambre, el cáncer, considerado como la enfermedad de los países ricos, desarrollados, tiene un papel que jugar".
También hay que dar la opinión de los no fumadores (entre los que me incluyo) al respecto. El humo del tabaco molesta a todos aquellos que no lo consumen y el hecho de que un colectivo de los fumadores no respete la comodidad de los demás es una razón más para limitar el consumo de tabaco. El derecho a fumar lleva consigo el derecho de contaminar el aire a su alrededor.
Esta última afirmación nos lleva a la conclusión de que los fumadores se encuentran entre el grupo de personas cuyas decisiones afectan a terceros, por lo que podríamos estar hablando de fallos en el mercado y de externalidades.
Los fumadores que con la contaminación que generan sus cigarrillos no están pagando el verdadero coste de los efectos que eso conlleva con lo que la solución real sería imponer un impuesto sobre la externalidad para que el precio reflejara el daño con el objetivo de que tuvieran en cuenta las molestias causadas.
Esta externalidad sería voluntaria y el beneficio que se sacara del impuesto se utilizaría en cualquier otra actividad más beneficiosa.
Además las personas reducirían su consumo revelando además su posición como consumidores.